La última edición del Índice de Expectativa de Recuperación Deloitte-Cadem, correspondiente a mayo, mostró que las expectativas respecto a la situación económica en el país han seguido empeorando, tanto desde la visión de las empresas como de la opinión pública.

“Esto muestra los efectos que tuvo el estallido por una parte y la crisis de covid-19 en un empobrecimiento del país y es una mala noticia porque afecta la satisfacción en la calidad de vida, la percepción de felicidad y también aumenta la presión al Estado”, dice Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos de Cadem.

El gerente de Asuntos Públicos de Cadem señaló en radio Duna que el público que aprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric tiende a coincidir con el público que va por la opción del Apruebo.

En entrevista con Ex-Ante, el gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, Roberto Izikson, sostiene que la caída en la encuestas de Boric tiene relación con “el tema del orden público, de la violencia, de la delincuencia”. “El Presidente llega a su cuenta pública con un problema estructural en el Ministerio del Interior […]

Según una encuesta encargada por Metlife, los consultados también se muestran intranquilos ante la posibilidad de un sistema de salud público universal y se inclinan, mayoritariamente, por la libertad de poder escoger entre seguros complementarios.

El sondeo Expectativas de Recuperación de abril, aborda también las principales preocupaciones que tienen los empresarios para los próximos dos años. Lideran, con el 70% de las menciones, la incertidumbre política y la nueva Constitución, seguidas de los cambios regulatorios y la certeza jurídica, con 46%.

De acuerdo a la radiografía de Cadem, el 58% de los que estuvieron a favor de redactar una nueva Constitución aprobaría la propuesta de la Convención, pero 28% de este grupo dice que rechazaría y el 14% no sabe o no responde. Es decir, 42% de ese grupo no estaría hasta el minuto por aprobar.

El segundo especial “La Opinión Pública frente a las propuestas constitucionales” revela además que el 60% prefiere que la carta magna establezca un derecho de propiedad fuerte y que el Parlamento sólo pueda fijar algunas restricciones y excepciones.